EL CONSEJO ESCOLAR DE MADRID ADOLECE DE TRANSPARENCIA E IMPIDE LA PARTICIPACIÓN REAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

UGT SOLICITA EN EL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR LOS DATOS DE AUMENTO Y SUPRESIÓN DE AULAS PARA EL PRÓXIMO CURSO, ASÍ COMO LA URGENTE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE DICHO ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN. 

UGT solicitó en el Pleno del Consejo Escolar, celebrado el viernes 9, los datos reales relativos a la modificación de unidades ofertadas por la Consejería para la escolarización del próximo curso 2021/22, indicando el aumento o supresión, por municipios y distritos, desagregados entre la red pública y concertada.

A juicio de UGT dicha información debería haber pasado por el Consejo Escolar de Madrid que, en el artº 3.1 de su Reglamento de Funcionamiento interno indica: “1. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid será consultado preceptivamente sobre las siguientes cuestiones: a) La programación general de la enseñanza, prestando especial atención a la planificación específica de la creación de nuevos puestos escolares que afecten al ejercicio efectivo del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza.” Función que ha sido obviada por la Consejería competente de manera reiterada.

Asimismo, ha solicitado la revisión y modificación urgente del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Escolar de Madrid, cuya composición y sistema de votación fue diseñado para que no puedan salir aprobadas enmiendas ni dictámenes contrarios a los propuestos por la Administración. Téngase en cuenta que no llegan al 41% el número de representantes de la comunidad educativa: trabajadores de la enseñanza (docentes y no docentes), familias y alumnado. Ello teniendo en cuenta que este porcentaje incluye consejeros y consejeras de las redes públicas, privadas y concertadas cuyos objetivos y propuestas, la mayor parte de las veces, se encuentran contrapuestos. Nuestro Consejo Escolar es de los más restrictivos en cuanto a participación de la comunidad educativa de todo el Estado.

En el Pleno del Consejo Escolar, celebrado el viernes 9 de abril, se dictaminó el Anteproyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Como ya expresamos en la rueda de prensa realizada el día 7 de forma conjunta con CCOO y la FAPA Fco. Giner de los Ríos, presentamos un dictamen alternativo que fue rechazado, así como 23 enmiendas a dicho anteproyecto de norma.

Denunciamos, asimismo, el sistema de votación del Consejo Escolar, en el que se exige mayoría absoluta y donde las abstenciones se suman a los votos en contra, en un sistema que no utilizada ni la Asamblea de Madrid ni siquiera el Congreso de los Diputados. Téngase en cuenta que en dichos órganos solo se exige mayoría absoluta para casi todos los acuerdos; el Presidente del Gobierno puede salir elegido, en segunda vuelta, por mayoría simple. Por ello, de las 97 enmiendas presentadas por la totalidad de organizaciones y personalidades que componen nuestro Consejo Escolar, tan solo fueron aprobadas seis. Aunque 21 obtuvieron más votos positivos que negativos, siete de ellas de UGT, que fue la organización con mayor número de propuestas aceptadas.

Concretamente salió aprobado que: la Administración garantizase la ubicación de las unidades de educación especial de los centros ordinarios en lugares que les permitiese el acceso y participación en las diferentes actividades y espacios comunes y que, para dar cumplimiento a la escolarización combinada garantizase los recursos humanos y materiales diferentes.

Especial importancia tiene, a juicio de la UGT, la enmienda presentada por la FAPA Fco. Giner de los Ríos, y recogida en el Dictamen Alternativo conjunto, al que hemos hecho referencia y del que participaba nuestro sindicato, en el que se pedía que “antes de la entrada en vigor de esta ley se deberá realizar un presupuesto que posibilite la puesta en marcha de la misma”.

Por todo ello, UGT de Madrid insiste en la necesidad de modificar dicho Reglamento, así como que la Consejería cumpla con el mismo y facilite al Consejo Escolar, de forma preceptiva, los datos sobre la planificación específica de puestos escolares que afectan al ejercicio efectivo del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Lo contrario, entendemos, evidencia una falta de salud democrática en nuestra Comunidad.