UGT pide a la Consejería que actúe contra el veto parental

UGT ha solicitado a la Consejería de Educación y Juventud que remita a los centros educativos un protocolo claro de actuación contra las solicitudes de PIN PARENTAL.

Los recientes hechos acaecidos en el IES José de Churriguera de Leganés, en el que “Hazte Oír” remitió un burofax para impedir que varios alumnos asistieran a la proyección de un corto en horario lectivo y dentro de la programación, sin que la dirección del centro pudiera contactar con la Dirección de Área Territorial Madrid Sur y que provocó que la directora del centro decidiera sacar a los alumnos afectados de la clase, en previsión de consecuencias que no podía determinar en ese momento, ponen de manifiesto la necesidad de que la Administración tome medidas para impedir que se pueda ejercer el veto parental, como de hecho ha sucedido en este caso.

La Consejería debe tomar decisiones al respecto y dar órdenes expresas a los centros educativos para poder actuar contra este tipo de actuaciones que vulneran los derechos del alumnado a una educación integral y transgrede los principios constitucionales y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por el Estado, protegiendo a quienes han de tomar las decisiones finales ante la presentación del conocido como “pin parental”.

A juicio de UGT no se puede dejar a las direcciones de los centros sin las herramientas jurídicas necesarias para impedir el ejercicio del veto parental.

No se puede aceptar que cualquier familia niegue a su hijo o hija la asistencia a una clase por la etnia, religión o inclinación sexual del docente, que quiera la separación por etnias en diferentes aulas o se niegue a que estudien la II República por diferencias ideológicas con el planteamiento que de la misma se hace en el currículo, por ejemplo.

UGT exige a la Consejería que dote de protocolos de actuación a los centros educativos para que puedan actuar y estén cubiertos jurídicamente ante el ejercicio del veto parental en  defensa de los equipos directivos, el profesorado y el alumnado. No hacerlo pone a la comunidad educativa en situación de riesgo y consideramos que se podría tratar de una dejación de funciones. Asimismo, creemos que el veto parental puede crear situaciones de conflicto dentro de los centros educativos, por ello es importante y urgente tomar medidas legales y homogéneas que garanticen la seguridad jurídica de todos los afectados.