El Gobierno Regional disfraza de libertad de elección la privatización de la enseñanza madrileña a través de las becas para bachillerato

El Gobierno Regional ha decidido dar un paso más hacia la reducción de la escuela pública con la puesta en marcha de becas para el estudio de Bachillerato en centros privados. Ayer se publicaba la Orden por la que se aprueban las bases reguladores de estas ayudas y desde el Preámbulo da muestras de la incoherencia en que fundamenta esta medida.

Indica que es “en cumplimiento de la garantía constitucional del derecho a la educación que interpela a los poderes públicos para que en sus actuaciones no quede excluido el acceso a las enseñanzas de niveles posobligatorios”, si esto es así  ¿cómo es posible que miles de alumnos no puedan acceder, anualmente, a enseñanzas de Formación Profesional por falta de plazas, por qué mantienen las tasas en centros públicos para quienes cursan estudios de Grado Superior o por qué no amplían las modalidades y optativas de Bachillerato en institutos públicos, impidiendo así que el alumnado se vea forzado a trasladarse de centro para poder cursar los estudios que desean?

Otro de los argumentos es “apoyar la libertad de elección de las familias (elección que) podría verse limitada si los alumnos no pueden completar sus estudios postobligatorios en el mismo centro en el que han cursado su enseñanza obligatoria debido a razones socioeconómicas”. Argumento que entra en contradicción con la posibilidad de obtener la ayuda para un centro privado distinto al que se encuentra cursando estudios de 4º de Secundaria y con la Disposición Adicional Única en la que se deja a criterio de los centros privados la aceptación de alumnos beneficiarios de estas becas. Lo que nos lleva a preguntarnos quién ejerce realmente la “elección”, ¿las familias o los centros?

Otra cuestión importante tiene relación con la cuantía de las becas, que vendrá determinada en función de las tarifas de los centros docentes privados. Eso sí, no podrá superar la cuantía total del coste del curso y se abonará de forma íntegra en el centro. Por tanto, ¿para quién es la beca: para las familias o para los centros? Poco sutil manera de subvencionar los centros privados de enseñanza que, sin duda, no tardarán en subir el precio de dichas plazas de enseñanza.

Respecto a las condiciones académicas necesarias para el disfrute de la mencionada ayuda, la Orden no establece concreción alguna, por lo que se desconocen cuáles son los requisitos que permitirán o no mantenerla, en qué circunstancias se produciría la perdida de la misma y cómo se realizaría su devolución.

Por tanto, a juicio de UGT, esta medida es una burda táctica para transferir dinero a las empresas privadas de educación, cuya consecuencia más dramática será la pérdida de plazas y centros públicos de Bachillerato. Centros cuya titularidad corresponde al Gobierno Regional que mantiene su política de reducción de la red pública, de la que es responsable.

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