La tramitación del anteproyecto de Ley de Salud pública de la Comunidad de Madrid y el desmantelamiento encubierto del Laboratorio Regional de Salud Pública coinciden en el tiempo

UGT ha tenido conocimiento del Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, una norma necesaria pues es competencia de la Comunidad de Madrid, tal como enuncia su artículo 6, “la organización, coordinación y supervisión de la salud pública dentro de su ámbito territorial” para, conforme a su artículo 1, “proteger, mantener y elevar el nivel de la salud de la población madrileña”. Desde nuestra organización exigimos que sea desde las garantías del servicio público directo y de la profesionalidad de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

UGT ha elevado sus alegaciones al anteproyecto, que recoge en su capítulo segundo del título tercero, la posibilidad de la participación en las actuaciones de prevención de los problemas de salud a otros agentes al mismo nivel que la promoción obligada directamente a la consejería competente en materia de sanidad. Se regula la existencia de convenios ilimitados con una o varias organizaciones, de forma abierta e indeterminada y se pretenden formalizar las “Agencias Privadas de Salud Pública”. Toda una declaraciones de intenciones de privatización de la Salud pública de los madrileños en este capítulo II (artículos 70 al 78).

Esta norma dedica el capítulo IV al Laboratorio Regional de Salud Pública, definiéndola como una unidad técnico–administrativa de referencia para el control oficial en nuestra comunidad. Se introduce en la norma la posibilidad de “la derivación de muestras a otros laboratorios para cubrir demandas analíticas no disponibles en el propio laboratorio”, todo un cheque en blanco para continuar con la política desmanteladora actual que la Dirección General de Salud Pública mantiene con su política de personal sobre el LRSP.

UGT ha denunciado, ante la propia Dirección, la necesidad de la actualización de las plantillas, la reposición de jubilaciones y la estabilización del personal que en la actualidad acumula una tasa de eventualidad del 63%.

Las lamentables consecuencias de estas políticas no se han hecho esperar y con fecha del 26 de octubre de 2018, el ENAC ha acordado la “SUSPENSIÓN TEMPORAL VOLUNTARIA DE LA ACREDITACIÓN” lo que supone en la práctica que no se pueden analizar por parte del Laboratorio muestras de alimentos y aguas del consumo al no poder emitir informes de ensayos acreditados en el área suspendida alcanzando el 60% de la actividad del laboratorio.

La Dirección General de Salud Pública pone en peligro la salud de los madrileños y pretende obligar a la derivación de muestras a otros laboratorios inutilizando nuestro LRSP. Es inadmisible que un servicio que se puede prestar con la mejor de las garantías, el de la propia Administración pública, sea prestado por otra entidad con un sobrecoste añadido para todos los ciudadanos, máxime cuando la solución a la suspensión de la acreditación es asumible y resoluble a corto plazo con la corrección de las políticas de RRHH .

Resulta lamentablemente evidente la pretensión del actual gobierno de la Comunidad de enajenación del patrimonio público de los madrileños y la desestructuración de su propia Administración Publica.

UGT exige medidas de actuación inmediata sobre el Laboratorio y la toma en consideración de sus alegaciones a nuestra futura ley de salud pública de la Comunidad de Madrid.

UGT en la defensa de los puestos de trabajo de la Administración pública, en los derechos de los trabajadores de la Administración pública y en la defensa de los derechos de los ciudadanos.