La Consejería de Educación reconoce que no atiende adecuadamente a la diversidad del alumnado madrileño.

UGT RECHAZA LA MEDIDA DE DEJAR EN MANOS DE LA PATRONAL LA CONTRATACIÓN DE ORIENTADORES PARA LOS CENTROS CONCERTADOS.

En la Memoria del análisis de impacto normativo, que acompaña al Proyecto de Orden que regula su financiación, la Consejería de Educación e Investigación reconoce que: “El incremento progresivo del número de unidades y alumnos de educación infantil y primaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad de Madrid, no ha ido acompañado del aumento proporcional de las plantillas de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica … Como consecuencia de esta situación los efectivos con los que cuentan los Equipos de Orientación no resultan suficientes para responder a las necesidades de apoyo que presentan el conjunto de centros educativos sostenidos con fondos públicos.” Pero es que, como también manifiestan, es un “derecho básico del alumnado (y) contribuye a la adecuada atención a la diversidad del alumnado”. Por lo tanto, solo cabe deducir que la Consejería ha estado haciendo dejación de funciones, puesto que no ha implementado los recursos humanos suficientes para realizar adecuadamente dichas funciones.

Pero, casi lo más bochornoso, es que las partidas correspondientes a Educación Compensatoria no han hecho más que disminuir a lo largo de los años. Incluso cuando se ha presupuestado no se ha gastado. Así en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, primeros  que realizaba el nuevo Gobierno Regional de Cristina Cifuentes y de Rafael Van Grieken, como  Consejero de Educación, pasaron de 92 a 82 millones de euros, un 10,55% menos. La explicación que  entonces dio el Consejero es que no se habían gastado el curso anterior. Pero si echamos la vista atrás, comprobaremos que en los presupuestos de 2011, la cuantía de esta partida ascendía a 97.794.497€.

Para poner remedio a esta situación, el Gobierno Regional opta por dotar de orientadores dentro de los centros a los centros concertados, a semejanza del orientador de Secundaria, mientras no potencia los Equipos de Orientación, ni mejora la atención a los centros públicos y a su alumnado.

UGT considera que las funciones de evaluación psicopedagógica y los dictámenes de escolarización deben realizarse con la necesaria independencia, a semejanza del servicio de Inspección Educativa, como para garantizar que no pueda convertirse en un instrumento para  obtener más recursos o seleccionar al alumnado. Por ello, UGT rechaza la medida de dejar en manos de la patronal la contratación de orientadores para los centros concertados. La atención y diagnóstico del alumnado de esta red debe realizarse por funcionarios públicos, con autonomía y sin las presiones que el ser asalariado podría tener en la labor que tiene encomendada.

Por todo ello, UGT considera que la Consejería de Educación y el Gobierno Regional del que depende han puesto de manifiesto su irresponsabilidad como gestores públicos en materia de atención a la diversidad y orientación del alumnado,  pretenden evadirse del cumplimiento del Acuerdo Sectorial y que mantienen una política de diferenciación del alumnado y de los  centros.

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