Los madrileños se manifiestan por el derecho a la huelga

P1040791 bisMás de  un millar de personas se han manifestado el 18 de febrero en Madrid, convocadas por UGT y CCOO en “defensa de las libertades y del derecho de huelga”.

Han encabezado la manifestación, entre otros, los secretarios generales de UGT  y CCOO en la Comunidad de Madrid, Carmelo Ruiz de la Hermosa y Jaime Cedrun y los secretarios generales de otras federaciones, entre ellos el de la FSP-UGT de Madrid, Santiago Tamame.

Esta movilización está enmarcada en una jornada de acción mundial convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). En España se han realizado asambleas, concentraciones y manifestaciones en todas las provincias en la defensa de unos derechos fundamentales que están siendo criminalizados por el Gobierno del Partido Popular y que recientemente se han puesto en entredicho también por el grupo de empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La población española ha dicho NO a que ni uno de los 300 sindicalistas y trabajadores procesados y, en algunos casos, condenados ya a 21 años, como los trabajadores de Arcelor Mittal, entre en prisión por ejercer un derecho que está amparado por la Constitución debido a una política represiva del Ejecutivo que está llevando a situaciones injustas e inhumanas.

Criminalizar el derecho de huelga pone en cuestión la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho, y lo que el Gobierno pretende es convertir un conflicto de orden social y laboral en otro de orden público.

De hecho, de los 85 encausados que tiene la Unión General de Trabajadores, el 70% han sido enjuiciados por el Código Penal, cuando antes solo hubieran sido sancionados administrativamente.

Por ello, la ciudadanía ha rechazado la imposición del artículo 315.3 del Código Penal, que prioriza la facultad de no ir a la huelga sobre el derecho fundamental y constitucional de ejercerla, ha exigido su derogación y también la retirada de la modificación del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que puede provocar, de aprobarse en estos términos, un impacto muy negativo en los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos.